Desde la restauración democrática hasta el gobierno de Cambiemos, la Argentina ha carecido de un modelo consistente para abordar la problemática de las drogas ilícitas. Este libro describe cómo, en los últimos gobiernos, las políticas públicas en la materia se vieron condicionadas por el equilibrio de fuerzas entre diferentes actores domésticos. Efectivamente, la convivencia entre las elites políticas, las Fuerzas Armadas y los sectores de la sociedad civil –como los movimientos sociales, las comunidades epistémicas y las organizaciones no gubernamentales– coadyuvaron a desarrollar una arquitectura institucional en materia de drogas caracterizada por el antagonismo. El Estado nacional, como el dios Jano, ha revelado un rostro doble: por un lado, ha impulsado la defensa de los derechos humanos, las libertades individuales por medio de la jurisprudencia garantista de la Corte Suprema de Justicia y la no intromisión militar en operativos antidrogas y, por el otro, ha promovido un sistema legal punitivo, lo que facilitó las prácticas represivas a cargo de las fuerzas de seguridad y provocó el crecimiento de la población carcelaria por violación de la ley de estupefacientes. Las decisiones de los líderes políticos de turno –y de los actores que tuvieron mayor o menor relevancia en esos periodos– también se vieron condicionadas por las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos.