Si en América Latina las leyes destinadas a eliminar la corrupción, el clientelismo electoral, la discriminación racial o la violencia contra la mujer, a redistribuir los ingresos a los pobres o a proteger el medio ambiente efectivamente se cumplieran a lo largo del tiempo, las consecuencias sociales y políticas serían impactantes. En efecto, la distancia entre lo que imponen las normas escritas y lo que sucede en la práctica es un rasgo persistente en la región, que se ha vuelto más visible desde que los procesos de democratización, en los años ochenta del siglo XX, renovaron las demandas sociales e impulsaron la competencia política.